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Tema 1 Derecho Civil completo y gratis (judicatura)

Tema 1. Concepto de derecho. La norma jurídica. Estructura y caracteres. Clases de normas jurídicas. Efectos esenciales de las normas. Inexcusabilidad de su cumplimiento y error de derecho. Exclusión voluntaria de la ley. Actos contrarios a norma imperativa y prohibitiva. El fraude de la ley: requisitos y efectos.

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1. CONCEPTO DE DERECHO.

En sentido actual se define el derecho como la «ordenación moral, imperativa de la vida social humana, orientada a la realización de la justicia». Siguiendo a O´CALLAGHAN, distinguimos el derecho en sentido objetivo y subjetivo.

  • En sentido objetivo o «norma agendi« se entiende como un conjunto de normas jurídicas que integran el ordenamiento jurídico.
  • En sentido subjetivo o «facultas agendi» se entiende como el poder concedido por dicho ordenamiento a la persona para la autosatisfacción de intereses dignos de protección.

Afirma ALBALADEJO que el derecho civil es el «derecho privado general que regula las relaciones más comunes de la convivencia humana, erigiéndose la persona, en cuanto sujeto de derechos, como valor fundamental del derecho civil».

2. LA NORMA JURÍDICA: ESTRUCTURA Y CARACTERES.

2.1. LA NORMA JURÍDICA.

La norma jurídica no tiene una definición unitaria, así definen la norma: 

  • FEDERICO DE CASTRO como mandato jurídico con eficacia social organizadora.
  • ALBALADEJO como precepto general cuyo fin es ordenar la convivencia de la comunidad y cuya observancia puede ser impuesta coactivamente.

En este mismo sentido se entiende por derecho positivo como el conjunto de normas jurídicas que rigen de forma imperativa en unas determinadas coordenadas espacio-temporales.

2.2. ESTRUCTURA.

Dos son sus elementos:

1. El supuesto de hecho: es la realidad fáctica contemplada por la norma. Puede ser un hecho natural o de un acto o negocio jurídico con base en la voluntad consciente y libre del individuo.

2. La consecuencia jurídica: es el efecto o respuesta jurídica del supuesto de hecho. Tiene una doble manifestación: la creación de un deber jurídico general (deber general de obediencia y colaboración), y el llamado por FEDERICO DE CASTRO efecto constitutivo de las normas, esto es, el reconocimiento de las relaciones jurídicas protegidas por la norma, y consiguientemente, de los deberes y facultades en que dichas relaciones se traducen.

2.3. CARACTERES.

Tres son los caracteres de la norma jurídica.

1. Generalidad. Posibilidad de aplicación de la norma jurídica a una pluralidad de casos. Si bien se consideraba un requisito esencial de la norma jurídica por muchos civilistas (FERRARA, RUGGIERO, entre otros), en la actualidad sí es posible la existencia de normas no generales, creadas para un caso ad hoc, o concreto. Así lo reconoció en nuestro ordenamiento jurídico la STC 166/1986 en el asunto Rumasa, o ya en la UE, las decisiones del art. 288 TFUE que pueden referirse a normas aplicables en EM determinados.

2. Obligatoriedad: toda norma debe cumplirse en sus propios términos, a partir de su entrada en vigor. En este sentido el principio de obligatoriedad general de las normas jurídicas se consagra en el art. 9.1 CE: «Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico».

3. Coercebilidad: imposición coactiva por la fuerza de la norma jurídica. Esta coacción se lleva a cabo a través de la sanción de la norma jurídica como factor de su eficacia. Distinguimos: “lex plus quam perfecta” nulidad del acto e imposición de pena), “lex perfecta” (nulidad del acto), “lex minus quam perfecta” (no invalida el acto, pero sí pena), y la “lex imperfecta” (carece de sanción).

3. CLASES DE NORMAS JURÍDICAS.

Distinguimos:

1. Rígidas y elásticas,según el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica sean taxativos o flexibles.

2. Imperativas y dispositivas; (i) Entiéndase por normas imperativas, aquellas que mandan o prohíben algo. Son normas “ius cogens”. (ii) Entiéndase por normas dispositivas las normas aplicables a una relación jurídica en defecto que los sujetos hubieren establecido otra cosa. Se fundamentan en el principio de autonomía de voluntad. Son propias del derecho civil.

3. Generales, especiales y excepcionales.(i) Entiéndase por normas generales: aquellas que contienen una regla general, aplicable a todos los supuestos de hecho. Representan el núcleo central de un ordenamiento jurídico. El Cc se integra en su mayor parte por normas generales. (ii) Entiéndase por normas especiales, aquellas que se apartan de la regla general. (iii) Entiéndase por normas excepcionales, las referidas en el art. 4.2 Cc, a cuyo tenor: «Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas».

4. Comunes y particulares. (i) Entiéndase por normas comunes, aquéllas aplicables a todo el territorio nacional.(ii) Entiéndase por normas particulares, aquéllas aplicables a una parte del territorio nacional. Es el Derecho Foral. La relación entre el derecho común y el particular se articula en el art. 13.2 Cc a cuyo tenor: «En lo demás y con pleno respeto a los derechos especiales o forales de las provincias o territorios en que están vigentes regirá el Cc como derecho supletorio, en defecto del que lo sea en cada una de aquellas según sus normas especiales».

5. Permanentes o temporales;según la eficacia temporal de las normas. (i) Entiéndase por normas permanentes, aquellas de vigencia indefinida. (ii) Entiéndase por normas temporales, aquellas de vigencia definida, aplicables a determinados períodos de tiempo. Concepto distinto del de las normas de derecho transitorio, que regulan los conflictos del tránsito de una legislación a otra.

6. Completas e incompletas. (i) Entiéndase por normas completas, aquellas que por sí solas, integran todos los elementos de la proposición jurídica.(ii) Entiéndase por normas incompletas: aquellas que deben ponerse en conexión con otras para alcanzar verdadero significado. Comprenden: normas interpretativas, normas limitativas, modificativas o negativas, y normas de revisión o reenvío.

4. EFECTOS ESENCIALES DE LAS NORMAS.

Con base en el principio de obligatoriedad general del art. 9.1 CE ya mencionado, los efectos esenciales de las normas según FEDERICO DE CASTRO y O´CALLAGHAN son los siguientes:

1. El deber jurídico de obediencia, comprende la obligación de observar, respetar y cumplir la norma, de no obstaculizar su cumplimiento, de respetar las situaciones jurídicas creadas al amparo de la misma y de cooperar incluso en la realización de su finalidad.

2. La eficacia sancionadora de las normas, comprende las consecuencias de la falta de cumplimiento de las normas, En términos generales implica la sanción, salvo en caso de efectiva contravención de la norma, que da lugar el denominado fraude de ley.

3. La eficacia constitutiva de las normas, comprende que la norma jurídica acota parte de la realidad social y la eleva a la categoría de la realidad jurídica.

5. INEXCUSABILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO Y ERROR DE DERECHO.

Regulado en el art. 6.1 Cc: «La ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento. El error de derecho producirá únicamente aquellos efectos que las leyes determinen».

Tiene su origen en el Derecho romano. Concretamente a través de dos máximas: a nadie le está permitido ignorar el derecho («neminen licet ignorare ius»), así como la ignorancia del derecho no puede invocarse como excusa para su infracción (“ignorantia iuris non excusat”).

Principios absolutamente necesarios para la conservación del orden social. Tiene su fundamento en el principio de seguridad jurídica.  Vamos a examinar la inexcusabilidad de su cumplimiento y el error de derecho.

5.1. INEXCUSABILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO.

El principio de inexcusabilidad de su cumplimiento se deriva del principio de obligatoriedad de las normas jurídicas del art. 9.1 CE ya mencionado. Sin embargo, si bien el cumplimiento de las normas es inexcusable, no existe obligación de conocer el derecho ni tampoco presunción alguna de su conocimiento, más allá de la que atañe a jueces y magistrados como refleja el principio «iura novit curia» en el art. 1.7 Cc que dispone que: «Los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido«.Esto se debe a que resulta imposible el conocimiento puntual de todas las normas que integran un ordenamiento jurídico. Como decía Stammler estamos ante una legislación motorizada.

5.2. ERROR DE DERECHO.

La doctrina minoritaria siguiendo a LALAGUNA entiende que la ignorancia de la ley estaría constituida por la falta o el defectuoso conocimiento del Derecho objetivo, mientras que el error de derecho constituiría en la falta o defectuoso conocimiento del Derecho subjetivo. PEÑA LÓPEZ entiende que la ignorancia es el género y el error de derecho la especie. En contra, la doctrina mayoritaria los entiende como sinónimos. Con base en esta teoría, DÍEZ PICAZO enuncia dos teorías: (i) doctrina tradicional con base en el art. 6.1 Cc, la irrelevancia del error de derecho, y (ii) la doctrina moderna entiende con mayor acierto que la ignorancia de la ley y el error de derecho se mueven en órbitas distintas. No se trata de excusar el cumplimiento del mandato legal, sino de saber si el contrato es válido. La jurisprudencia del TS reconoce la posibilidad de anular un contrato por error de derecho. En consecuencia, debe ser valorado del mismo modo que los demás errores. El Cc recoge algunos supuestos de eficacia de error de derecho, art. 79 Cc, relativo a nulidad del matrimonio, el art. 1164 Cc.

Especialmente el art. 1266 Cc: «Para que el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo.

El error sobre la persona sólo invalidará el contrato cuando la consideración a ella hubiere sido la causa principal del mismo.

El simple error de cuenta sólo dará lugar a su corrección

6. EXCLUSIÓN VOLUNTARIA DE LA LEY.

La exclusión voluntaria de la ley está regulada de forma conjunta con la renuncia de derechos en el art. 6.2 Cc: » La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.» La exclusión voluntaria de la ley aplicable es posible si se trata de leyes dispositivas no imperativas.

Esto se conecta con el art. 1255 Cc: «Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público«.

En cuanto a los requisitos: para que tenga eficacia la renuncia a la ley es preciso que: la voluntad del declarante no esté viciada (error, dolo, violencia o intimidación), tenga plena capacidad de obrar. Puede ser unilateral o bilateral, de forma expresa o tácita, pero debe ser clara y terminante.

7. ACTOS CONTRARIOS A LA NORMA IMPERATIVA Y PROHIBITIVA.

El art. 6.3 Cc dispone que:»Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención».

Con base en este precepto señalar que sus efectos son generales (“erga omnes”). Se trata de una nulidad de pleno derecho (“ipso iure”), de forma inmediata (“ex tunc”) radical e insubsanable salvo contravención. Esto es, el precepto legal podría contener «la conversión del negocio». Esto salvaría su validez, al convertirse en otro negocio distinto lo que permitiría en la medida de lo posible salvaguardar el fin perseguido por las partes.

Ejemplo claro es el art. 715 Cc, que permite convertir un testamento cerrado en ológrafo cuando cumpla los requisitos del art. 688 Cc. No obstante, en determinados supuestos se viene defendiendo la nulidad parcial con base en el principio de conservación de los negocios jurídicos (“favor negotii”).

8. EL FRAUDE DE LEY: REQUISITOS Y EFECTOS.

La redacción originaría del Título Preliminar del Cc no regulaba el fraude de ley a pesar de que se recurría a tal terminología en algunos de sus artículos. Ha sido la nueva redacción de 1974, llevada a cabo por TRIAS DE BES, la que ha corregido esta omisión. Afirma el art. 6.4 Cc (desde el punto de vista nacional) » Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir». Afirma el art. 12.4 Cc (internacional): «Se considerará como fraude de ley la utilización de una norma de conflicto con el fin de eludir una ley imperativa española».

En todo caso, está regulada en el art. 11.2 LOPJ: «Los Juzgados y Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal».

El fraude de ley presenta un negocio jurídico sí querido por los interesados que pretenden evitar la aplicación de la norma dictada. En cambio, el negocio simulado, el negocio jurídico no existe o no es verdaderamente querido y realizado- se pretende realizar un negocio encubierto.

8.1. REQUISITOS.

Dos son los requisitos:

1. Requisito objetivo: acto o actos realizados al amparo del texto de una norma que se denomina ley de cobertura. Este amparo es meramente aparente. Si la cobertura fuera real, existe un conflicto de leyes, a resolver conforme a la jerarquía normativa y demás principios generales.

2. Requisito subjetivo: persigue un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él. No se exige pues la intención de quebrantar la ley como requisito esencial (“consilium fraudis”).

8.2. EFECTOS.

Cuando la ley defraudada es una norma imperativa o prohibitiva se aplica la nulidad de pleno derecho del art. 6.3 Cc ya mencionada. En el resto de los casos, se aplica la norma que se hubiere tratado de eludir.

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VUELTAS

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Este tema procede de la Editorial Siglo XXII Legal. Aquí lo podéis encontrar.

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