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Tema 1 Derecho Procesal Penal

Tema 1. El proceso penal. Los sistemas procesales penales en general: proceso inquisitivo; proceso acusatorio. El sistema procesal penal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: principio del juez imparcial, separación de instrucción y enjuiciamiento. Principios del proceso penal. El principio de oportunidad. La perspectiva de género en la jurisdicción penal.

Recomendación para el estudio: Arts. 1.1*; 1.3*; 9.2*; 14*; 117.1;6*; 9.1*; 9.3*; 2*; 93 a 96 CE. Art. 5.1. LOPJ. Arts. 2.1; 2.3; 6.1 Cc.

 

EL ­EL PROCESO PENAL.

El proceso penal es el instrumento por excelencia del «ius puniendi«, o derecho a penar que distingue al Estado. Afirma GIMENO SENDRA que son funciones del proceso penal:

  1. La protección del derecho a la libertad. La libertad es un valor superior del ordenamiento jurídico conforme al art. 1.1 CE. Persigue tal fin el procedimiento habeas corpus.
  2. La protección de la víctima. Afirma el art. 11 Estatuto de la Víctima de Delitos, Ley 4/2015, que la víctima tiene derecho a: a) ejercer la acción penal y la acción civil conforme a lo dispuesto en la LECR, sin perjuicio de las excepciones que puedan existir. Esto nos remite al art. 100 LECR que señala que en el ejercicio conjunto de la acción penal y de la civil tiene por objeto «la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible» del art. 100 LECrim; b) comparecer ante las autoridades encargadas en la investigación para aportarles las fuentes de prueba y la información que estime relevante para el esclarecimiento de los hechos.
  3. La rehabilitación del culpable o la función de reinserción. Especialmente manifestado en la sustitución y suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad previstas en el art. 80 y ss CP.

LOS SISTEMAS PROCESALES PENALES EN GENERAL: PROCESO INQUISITIVO; PROCESO ACUSATORIO.

Son tres los sistemas procesales en general: proceso inquisitivo, proceso acusatorio y el mixto.

PROCESO ACUSATORIO.

  1. Origen: Tiene su origen en Grecia y fue desarrollado por los romanos.
  1. Principios básicos:
  • Inicio del procedimiento. Se exige una acción privada. Posteriormente se permite la acción popular. Se exige que alguien distinto del Juez formule la acusación. El Juez no procede «ex oficio». Ni pone en marcha el procedimiento ni investiga dentro de éste los hechos. El Juez sólo dirige el combate y anuncia el resultado. Tiene su fundamento en la concepción privada del Derecho Penal, en cuanto el castigo del culpable es un derecho del ofendido. En consecuencia, el ofendido puede ejercitar su derecho o abandonarlo. Si lo ejercita, el castigo y el resarcimiento del daño se tramitan en un mismo procedimiento, sin que haya distinción entre procedimiento penal y procedimiento civil.
  • Quién juzga es una Asamblea o Jurado popular. En consecuencia, las sentencias no son apelables, pues rige el principio de instancia única.
  • En cuanto al procedimiento penal: debemos mencionar: i) Libertad personal del acusado hasta que exista sentencia condenatoria; ii) Igualdad absoluta de derechos y deberes entre acusador y acusado; y iii) El juzgador limita su juicio a los hechos alegados y probados.

PROCESO INQUISITIVO.

  1. Origen: Tiene su origen en el Derecho Canónico de la Edad Media, aunque ya en la última época en Roma ya apareció la «Questio Perpetua» desdibujando el sistema acusatorio. Se trataba de un Tribunal permanente que podía actuar de oficio en los procesos por delitos flagrantes. Este sistema inquisitivo se extendió por toda Europa continental y pervivió hasta el siglo XVIII.
  2. Principios básicos.
  • Iniciación del procedimiento: La función de acusar así como defender y juzgar se concentran en un mismo órgano. Así, la función de acusar y juzgar pasa de ser un derecho y función de todos a un derecho y función de algunos.
  • Quién juzga es un órgano permanente con exclusión de cualquier forma de justicia popular. Por tanto, la función de acusar y juzgar es especializada quedando en manos de funcionarios.
  • El procedimiento es escrito, secreto y no contradictorio. No existe, pues debate oral y político. Como contrapartida, y a efectos de limitar los poderes de tales funcionarios, se establece el principio de prueba legal o tasada, frente al de la libre convicción así como el principio de doble instancia o posibilidad de apelación. En todo caso se admite la confesión del reo como pruebas bastante para la condena.

Sistema acusatorio formal o mixto.

  1. Origen: Tiene su origen en la Revolución francesa y en el «Code D´Instruction Criminelle». Aúna el sistema acusatorio e inquisitivo. Es acusatorio, porque es el MF, independiente del Poder Judicial y no el Juez, tiene la función de investigación y persecución. Es inquisitivo, porque no solo los particulares tienen la facultad de investigación y persecución de los delitos. 
  1. Principios básicos:
  • Inicio del procedimiento. La función de acusar corresponde a órganos públicos especiales exclusivamente o no. Para que haya juicio, y eventualmente condena, es preciso que exista acusación.
  • Quién juzga son jueces que no intervienen en la instrucción. Se exige la separación de la instrucción (la función de investigación y acusación) de la función de juzgar.
  • Procedimiento: El acto del juicio es oral, público y confrontativo. Se rige por el principio de inmediación. La sentencia depende de la apreciación por el Juez y  según el modelo francés se da mediante una cooperación de Magistrados y Jurados.
  • (Exclusión del jurado?)

EL SISTEMA PROCESAL PENAL DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL: PRINCIPIO DEL JUEZ IMPARCIAL, SEPARACIÓN DE INSTRUCCIÓN Y ENJUICIAMIENTO.

 EL SISTEMA PROCESAL PENAL DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL:

La siguiente cuestión es: qué sistema procesal penal rige en nuestro ordenamiento jurídico. Distinguimos el proceso ordinario del procedimiento penal para delitos leves.

Vamos a hablar del proceso ordinario:

En la fase de instrucción, no se exige acusación para la iniciación del procedimiento, pues la mera «noticia-criminis» crea en el Juez el derecho y el deber de proceder a la averiguación del hecho y a dictar las oportunas medidas aseguratorias sobre la persona del inculpado (art. 308 LECR). Esto es aplicable, naturalmente, al caso de que el delito a perseguir sea un delito público, pues los semipúblicos o privados solo pueden ser perseguidos si se formula denuncia o querella respectivamente.

En la fase oral, se exige la acusación, ya sea pública o privada. En consecuencia, rige el principio acusatorio. El Tribunal no existiendo acusación del MF y no habiéndose personado en la causa querellante particular, lo máximo que puede hacer es «buscar» un acusador. Dos son las opciones: hacer saber tal falta de acusación a los interesados en el ejercicio de la acción por si quieren ejercitarla o enviar la causa al Fiscal Superior para que resuelva si procede o no sostener la acusación (art. 642 y 644 LECR respectivamente). Ante esto, si se formula acusación el Tribunal ha de abrir el juicio oral necesariamente, salvo que estime que el hecho no constituye delito (art. 645 LECR). En caso contrario, si no se formula acusación, no puede abrirse juicio oral. Excepciones: el Tribunal puede realizar actos que contradicen el principio acusatorio como:

  • Castigar por delito más grave que el que ha sido objeto de acusación, siempre que lo exponga previamente a las partes (art. 733 LECR), y no por ello se incurre en motivo de casación (art. 851. 4ª LECR).
  • Acordar, en el juicio oral, la práctica de pruebas no propuestas por las partes necesarias para la comprobación de cualquiera de los hechos objeto de los escritos de calificación. (art. 729.2º LECR)
  • Ordenar la práctica de diligencias sumariales al revocar el auto de conclusión del sumario y devolverlo al Instructor (art. 631 LECR).
  • Ordenar el procesamiento de alguna persona a pesar de haberlo denegado el Instructor (art. 384 VI en relación con el art. 630 LECR).

De igual manera, tampoco se acepten los principios dispositivo y de aportación de parte:

  • No se acepta el principio dispositivo puesto que el Ministerio Fiscal está obligado a ejercitar la acción penal (art. 105 LECR), sin que las calificaciones jurídicas de las partes vinculen al Tribunal salvo el supuesto del art. 655.
  • No se acepta tampoco el principio de aportación de parte pues: i) la aportación de los hechos no se deja exclusivamente a la actividad de las partes, y ii)  todas las Autoridades y funcionarios que intervengan en el procedimiento penal están obligados a consignar y apreciar tanto las circunstancias adversas como favorables al presunto reo (art. 2LECR).

 Procedimiento penal para delitos leves No hay fase de instrucción ni intermedia, sino que iniciado el proceso se pasa directa e inmediatamente al juicio oral. En el juicio oral se formulan las pretensiones, se practican las pruebas y se dicta sentencia – si es posible. Rigen los principios de concentración, publicidad, oralidad e inmediación con algunas limitaciones.

 PRINCIPIO DEL JUEZ IMPARCIAL.

Afirma el primer inciso del art. 24.2 CE: «Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley (…)» Y precisa el art. 117.1 CE: «La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley«. De estos preceptos se deriva el principio del juez imparcial. Afirma GIMENO SENDRA que es aquel que asiste a todos los ciudadanos a ser juzgados por un órgano jurisdiccional creado mediante LO y perteneciente a la jurisdicción penal ordinaria respetuoso con los principios de igualdad, independencia y sumisión a la Ley y en todo caso, constituido con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidas. Sin embargo debemos precisar que ninguno de estos preceptos hacen referencia a la palabra imparcial, como sostienen el PIDCP y la CEDH. Sin embargo, el TC consagra idcha exigencia,  al entender que el derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley comprende la posibilidad de «recusar a aquellos funcionarios en quienes se estime concurren las causas legítimamente tipificadas como circunstancias de privación de la idoneidad subjetiva o de las condiciones de imparcialidad y neutralidad».

Separación de instrucción y enjuiciamiento A esto se añade la prohibición de que un Juez o Magistrado instructor participe en el juicio oral, bien como órgano unipersonal o colegiado, al preverse como causa de recusación en el art. 219.1 LOPJ así como en la jurisprudencia del TEDH (DE CUBBER; y PIERSACK).

PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL.

Son principios del proceso penal los siguientes:

  1. El principio de necesidad. Según este principio, el proceso penal es obligatorio para averiguar la infracción criminal, descubrir el autor de la misma, juzgarle y, sobre todo, imponer la pena. Dos son los aspectos del principio necesidad: el positivo y el negativo. El aspecto positivo se expresa en el aforismo «nullum crimen sine iudicio«.Esto es, sólo el proceso penal puede restaurar el orden jurídico transgredido. El aspecto negativo se expresa en el aforismo «nulla poena sine iudicio«. Esto es, no es admisible la imposición de penas por cauces distintos a los del proceso penal (e.g particulares). Se manifiesta en el art. 24.2 CE en el derecho a un proceso público y al Juez ordinario predeterminado por la Ley» y en el art. 1 LECR: No se impondrá pena alguna por consecuencia de actos punibles cuya represión incumba a la jurisdicción ordinaria, sino de conformidad con las disposiciones del presente Código o de Leyes especiales y en virtud de sentencia dictada por Juez competente. 
  1. El principio de legalidad. No puede imputarse a nadie un delito ni castigarse con una pena que no haya sido establecida por Ley con anterioridad a su perpetración. Defendida ya en el S. XVIII por BECCARIA (De los Delitos y las Penas), y más concreta por FEUERBACH: nullum crimen, nulla poena sine lege. Se regula en el art. 25 CE, y a efectos procesales penales debemos mencionar como principales efectos:
  • El proceso penal ha de ser incoado tal luego se se conozca la existencia de un acto de apariencia delictiva, estando obligado el Ministerio Fiscal al ejercicio de la acción, siempre que se trate de delitos perseguibles de oficio (art. 105 LECR).
  • La incoación de oficio en determinados delitos.
  • La obligación de todos los ciudadanos de denunciar la perpetración de delitos (art. 259).
  1. Principio de contradicción. Es la oposición de dos tesis contrapuestas tanto en el proceso civil como en el penal, y en el penal tanto en la instrucción como en la fase oral. Deriva del derecho de defensa y el derecho a un proceso con todas las garantías de los arts. 24.1 y 2 CE. El principio de contradicción se aplica en la fase de instrucción, pese a la regla general de secreto de sumario del art. 301 LECR; en la fase intermedia al darse trámite al procesado pues así lo exige el principio de indefensión del art. 24 CE y por último, en la fase oral. El principio de contradicción se manifiesta en la fase oral en que:

 

  • Todos los actos del proceso son públicos con la excepción del art. 681.1 primer inciso LECR: «cuando así lo exijan razones de seguridad u orden público, o la adecuada protección de los derechos fundamentales de los intervinientes, en particular, el derecho a la intimidad de la víctima, el respeto debido a la misma o a su familia, o resulte necesario para evitar a las víctimas perjuicios relevantes que, de otro modo, podrían derivar del desarrollo ordinario del proceso».
  • Los procesados y terceros responsables, presentarán escritos de conclusiones expresando las pruebas de que intenten valerse en el juicio tras ser calificados los hechos por las partes acusadoras y darseles traslado para ello.
  • Los artículos de previo pronunciamiento, que podrán ser propuestos tanto por el procesado como por las partes acusadoras.
  • El juicio oral solo puede ser evitado por la expresa conformidad de la representación del procesado y la manifestación del Letrado de éste sobre la no necesidad de la continuación del juicio, siempre que se muestre de acuerdo con la pena solicitada por la parte acusadora y esta no exceda de prisión de 3 años, todo ello según el art. 655 LECR.
  • El acusado tiene en el acto de juicio las mismas posibilidades de ataque y defensa que las partes acusadoras, tanto en la intervención de la práctica de las pruebas como en los informes finales. En este sentido el Presidente del Tribunal dirigirá el debate sin coartar a los defensores de las partes de la libertad necesaria para la defensa conforme al art. 683 LECR.
  • El procesado tiene derecho a la última palabra en el juicio (los arts. 736 y 739 LECR)

Otros principios: siguiendo al art. 24.2 CE

  • El derecho de ser informado de la acusación, y el derecho a un proceso público con todas las garantías.
  • El derecho a la presunción de inocencia. De aquí se deriva el principio «in dubio pro reo», presunción iuris tantum que puede ser desvirtuada con una mínima mínima actividad probatoria, producida con las garantías procesales. No es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia la confesión hecha por el procesado ante el Policía, y no ratificada ante el órgano jurisdiccional, y ello porque los atestado de la Policía tienen únicamente valor de denuncia: art. 297 LECR.
  • Los derechos a no confesarse culpable y a no declarar contra sí mismo. No infringe este derecho el control de alcoholemia según señaló el TC, pues no se obliga al detectado a emitir una declaración que exteriorice un contenido admitiendo su culpabilidad, sino a tolerar que se le haga objeto de una modalidad especial de pericia, exigiéndole una colaboración no equiparable a la declaración comprendida en el ámbito de los derechos proclamados en los arts. 17.3 y 24.2 CE.
  1. El principio de oportunidad. El ejercicio de la acción penal queda condicionado a la potestad del Ministerio Fiscal con independencia de que exista un hecho de apariencia punible y un posible autor del mismo. El principio de oportunidad no aparece regulado en nuestro ordenamiento jurídico y plantea problemas de legalidad y con el principio de igualdad ante la ley del art. 14 CE . De hecho, el art. 124.2 CE impone al Ministerio Fiscal la obligación de ejercer sus funciones «con sujeción, en todo caso, a los principios de legalidad e imparcialidad«. Por ello, prevalece el principio de legalidad sobre el de oportunidad. Sin embargo, en la práctica judicial ordinaria el principio de oportunidad se manifiesta en las conversaciones entre el Ministerio Fiscal y defensa siempre bajo los límites legales determinados. Como ejemplos mencionar el art. 215. 2CP relativo a las injurias o calumnias vertidas en juicio, la sustitución y suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad (arts. 80 a 89); el indulto (art. 130.4) o la rebaja de pena de los terroristas arrepentidos del art. 579 CP. Asimismo, en cuanto a los delitos leves, se permite a los Jueces y Tribunales prescindir de la sanción penal de algunas conductas títpicas de escasa gravedad, tratando de conseguir una realización efectiva del principio de intervención mínima. Para estos casos, se admite el principio de oportunidad que permite a los Jueces, a petición del MF, valorada la escasa entidad del hecho y la falta de interés público, sobreseer el procedimiento (art. 963 LECR).

 

 

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