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Tema 4 Derecho Procesal Penal

Tema 4. La competencia territorial. La competencia por conexión. Tratamiento procesal de la jurisdicción y de la competencia: inhibición espontánea; requerimientos de inhibición; cuestiones de competencia.

 LA COMPETENCIA TERRITORIAL.

a) Definición. Consiste en la determinación de los tribunales competentes a nivel territorial. Opera tras la aplicación de la competencia objetiva.

b) Los criterios para la aplicación de la competencia territorial son los fueros. Procedemos a distinguir:

 

Clase fuero Regulación Regla básica Explicación detallada
Fuero general Art.14 LECR Consiste en la aplicación del lugar de comisión (forum delicti commissi), esto es, el Juzgado o Tribunal del partido judicial donde se hubiera cometido el delito[1]. Definición del lugar de comisión. Tres teorías:  i)la teoría de la actividad, lii) la teoría del resultado, y iii) la teoría de la ubicuidad (donde se desarrolla el delito así como el lugar del resultado) que es la defendida por el TS[2].

 

Fuero especial Art. 15 bis LECR. Regla general: en caso de instrucción o enjuiciamiento de delitos competencia de los JVM, la competencia corresponde al Juzgado del domicilio de la víctima.

 

Excepción: en caso de ordenes de protección o medidas urgentes (del art. 13 LECR) es competente el Juez del lugar de comisión del hecho.

Definición domicilio de la víctima[3], como el que tenga en el momento de la comisión del hecho.
Fueros subsidiarios Art. 15 LECR. Los Juzgados del término, partido o circunscripción…

1. Donde se hayan descubierto pruebas materiales del delito.

2. Donde el presunto reo haya sido aprehendido.

3. Donde tenga residencia del reo presunto.

4. Donde cualquiera hubiese tenido noticia del delito; bien porque:

q  fuera el 1º que hubiera incoado diligencias bien porque

q  empezara a conocer de la denuncia policial.

Tan pronto como se conozca lugar de comisión del delito, el Juez que estuviera conociendo de la causa se inhibirá a favor del competente, pondrá a su disposición a los detenidos y le remitirá las diligencias y efectos intervenidos.

 

  1. LA COMPETENCIA POR CONEXIÓN.

a) Definición. La competencia por conexión consiste en la existencia de diversos procesos con elementos comunes.

b) Los fundamentos son la aplicación de principios procesales como el principio de economía procesal o el principio de evitar sentencias contradictorias sobre cuestiones idénticas o análogas.

c) Está regulado en el art. 17 LECR.

c.1. Regla general del art.17.1 LECR.

Cada delito dará lugar a la formación de una única causa.

No obstante, los delitos conexos serán investigados y enjuiciados en la misma causa cuando la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resulten convenientes para su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso.

c.1. Clases de conexidad.

  • El art. 17.2 LECR[4], comprende:
    • Conexidad subjetiva.
    • Conexidad objetiva.
  • El supuesto excepcional del art. 17.3 LECR.
Conexidad subjetiva (17.2 LECR) Conexidad objetiva (17.2 LECR) El supuesto excepcional del art. 17.3 LECR.
a) Los cometidos simultáneamente por dos o más personas reunidas.

 

b) Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiera precedido concierto para ello.

 

c) Los cometidos por diversas personas cuando se ocasionen lesiones o daños recíprocos.

 

a) Los cometidos como medio para perpetrar otros [delitos] o facilitar su ejecución.

 

b) Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos.

 

 c) Los delitos de favorecimiento (real y personal) y el blanqueo de capitales respecto del delito antecedente.

 

Los delitos que no sean conexos pero hayan sido cometidos por la misma persona y tengan analogía o relación entre sí, cuando sean de la competencia del mismo órgano judicial, podrán ser enjuiciados en la misma causa, a instancia del Ministerio Fiscal, si la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resultan convenientes para su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes, salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso.

 

 d) Los efectos de la conexidad.

  • La acumulación de procesos en un procedimiento. En consecuencia, todos los delitos serán resueltos en una sentencia. Su pronunciamiento se extenderán a todos y cada uno de los hechos enjuiciados.
  • Se produce la modificación de las normas sobre competencia objetiva y territorial así como la jurisdicción.
Reglas de modificación de competencia objetiva derivadas de la conexidad Regulación.
En el caso de personas imputadas con privilegio de foro en un proceso penal por delitos conexos, conocerá el órgano jurisdiccional a quien estuviera sometido el aforado. art. 272. II LECR.
Si por razón de especificidad de alguno de los delitos, conoce la Audiencia Nacional y el Juzgado Central conocerá por el delito principal y por todos los delitos conexos. art. 65.1º.II LOPJ
Cuando se trate de infracciones conexas con diversa consideración penal o procesal (delitos graves, menos graves), conocerá la Audiencia Provincial o Juzgado de lo Penal correspondiente a la pena mayor. Esto se aplica aun cuando se encuentren en la misma circunscripción territorial. art. 18.1 LECR.
La competencia del jurado se extiende a todos los delitos conexos. Excepción: el delito de prevaricación y aquellos delitos conexos cuyo enjuiciamiento puede realizarse por separado[5]. art. 5.2 LOTJ

 

Reglas de modificación de competencia territorial derivadas de la conexidad Regulación.
En el caso de personas imputadas con privilegio de foro en un proceso penal por delitos conexos, conocerá el órgano jurisdiccional a quien estuviera sometido el aforado. art. 272. II LECR.
En el caso de que conoce la Audiencia Nacional o el Juzgado Central de lo penal por razón de especifidad de alguno de los delitos, conocerá dicho órgano jurisdiccional por todos los delitos conexos. art. 65.1º.II LOPJ
Cuando se trate de infracciones conexas con diversa consideración penal o procesal (delitos graves, menos graves), conocerá la Audiencia Provincial o Juzgado de lo Penal correspondiente a la pena mayor. Esto se aplica aun cuando se encuentren en la misma circunscripción territorial. art. 18.1 LECR.
La competencia del jurado se extiende a todos los delitos conexos. Excepción: el delito de prevaricación y aquellos delitos conexos que puedan enjuiciarse por separado sin que se rompa la continencia de la causa[6]. art. 5.2 LOTJ
Reglas de modificación de competencia territorial derivadas de la conexidad Regulación.
Son competentes los Jueces y Tribunales por este orden:

1º) El del territorio en que se haya cometido el delito a que esté señalada pena mayor

2º) El que primero comenzara la causa en el caso de que a los delitos esté señalada igual pena

3º) El que la Audiencia de lo criminal o el Tribunal Supremo en sus casos respectivos designen, cuando las causas hubieren empezado al mismo tiempo, o no conste cuál comenzó primero.

Art. 18 LECR.

 

En el caso de delitos conexos cometidos por dos o más personas en distintos lugares, con concierto previo, de manera preferente a las reglas ya mencionadas, conocerá el juez o tribunal del partido judicial sede de la correspondiente Audiencia Provincial, siempre que los distintos delitos se hubieren cometido en el territorio de una misma provincia y al menos uno de ellos se hubiera perpetrado dentro del partido judicial sede de la correspondiente Audiencia Provincial.

 

  Reglas de modificación de jurisdicción derivadas de la conexidad Regulación.
Regla general La jurisdicción que tenga atribuida la pena más grave conocerá de todos los delitos conexos. art. 14 LECR.
Regla especial Se puede modificar la jurisdicción en el caso de que se trate de el delito principal esté atribuido a la jurisdicción ordinaria y el delito conexo esté atribuido a la jurisdicción militar. art.16.2 LECR nos remite a la LO de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar.

TRATAMIENTO PROCESAL DE LA JURISDICCIÓN Y DE LA COMPETENCIA: INHIBICIÓN ESPONTÁNEA.

TRATAMIENTO PROCESAL DE LA JURISDICCIÓN.

 

Tratamiento procesal de la jurisdicción
El tratamiento procesal de la jurisdicción podrá operar de oficio o a instancia de parte.

a) De oficio. El art. 9.6 LOPJ dispone que: la jurisdicción es improrrogable. Los órganos jurisdiccionales examinarán de oficio su propia jurisdicción y resolverán acerca de la misma con audiencia de las partes y del MF. Por otro lado, la resolución será siempre fundada y expresará el órgano jurisdiccional que se considere competente.

b) A instancia de parte, mediante declinatoria.

 

  Conflictos jurisdiccionales
Definición Existe una controversia entre los órganos de jurisdicción ordinaria y la jurisdicción militar sobre el conocimiento del hecho punible y su resolución
Quién es competente para conocer Es competente la Sala de Conflictos de Jurisdicción. Se compone por el Presidente del TS, dos Magistrados de la Sala de lo Penal y 2 de la Sala de lo Militar.
Clases de conflictos Positivos

 

 

Incoación. Si un Juez o Tribunal de la jurisdicción ordinario estima que un asunto del que está conociendo la jurisdicción militar le corresponde recabará informe del MF. En caso contrario, recabará informe del Fiscal Jurídico Militar. En su caso, planteará requerimiento de inhibición.

 

Sustanciación.

Recibido el requerimiento, el órgano requerido puede:

a) rechazar el requerimiento, en cuyo caso lo comunicará al requirente y remitirá las actuaciones a la Sala de Conflictos de Jurisdicción.

b) aceptar el requerimiento, en cuyo caso dará traslado a las partes y al MF o al Fiscal Jurídico Militar para que presenten sus alegaciones en un plazo de 10 días y resolverá mediante auto. Contra este auto, no cabe recurso alguno.

 

Resolución. La Sala de Conflictos de Jurisdicción:

·       Audiencia. Concederá audiencia al MF y al Fiscal Jurídico Militar por un plazo de 15 días.

·       Sentencia: dictará sentencia en los 10 días siguientes al plazo anterior.

·       Recursos. Contra la sentencia, sólo cabe recurso de amparo ante el TC.

 

Negativos Incoación

Sustanciación

Resolución

 

Distinguimos dos tipos de conflictos: positivos y negativos.

En cuanto a los conflictos positivos, distinguimos su incoación, sustanciación y resolución.

Incoación: el art. 23 Ley Conflictos Jurisdiccionales dispone que el Juez o Tribunal que estime ser de su jurisdicción un asunto que esté conociendo la jurisdicción militar recabará informe del MF y, si fuere un órgano de la jurisdicción militar el que estimare ser de su jurisdicción un asunto del qe estuviere conociendo la jurisdicción ordinaria, solicitará informe del Fiscal Jurídico Militar. Por su pare, el Juez resolverá si procede plantear requerimiento de inhibición.

Sustanciación: el art. 24 Ley Conflictos Jurisdiccionales dispone que recibido el requerimiento, el órgano requerido dará traslado a las partes y al MF o al Fiscal Jurídico Militar para que presenten sus alegaciones en un plazo de 10 días y resolverá lo procedente. Contra este auto, no podrá interponerse recurso alguno. En este sentido, si el órgano requerido rechazare el requerimiento, lo comunicará al requirente y remitirá las actuaciones a la Sala de Conflictos de Jurisdicción.

Resolución: la Sala de Conflictos de Jurisdicción concederá audiencia al MF y al Fiscal Jurídico Militar por un plazo de 15 días y dictará sentencia en los 10 días siguientes y, contra esta sentencia, sólo podrá interponerse recurso de amparo ante el TC.

En cuanto a los conflictos negativos, el art. 27 Ley Conflictos Jurisdiccionales dispone que el interesado agotará la vía por la que hubiera deducido su pretensión y, seguidamente se dirigirá a la otra jurisdicción. Sin embargo, si también ésta se declarare incompetente, el interesado formalizará el conflicto en el plazo de 15 días ante el último órgano que se declarare incompetente. Por su parte, este órgano elevará las actuaciones a la Sala de Conflictos de Jurisdicción que resolverá en los términos señalados.

TRATAMIENTO PROCESAL DE LA COMPETENCIA.

Tratamiento procesal de la competencia Regulación
“La jurisdicción criminal es siempre improrrogable”.

 

En consecuencia no cabe hablar de sumisión (expresa o tácita).

 

Esto es, las reglas de competencia objetiva y funcional no pueden ser modificadas por la voluntad de las partes a diferencia del orden jurisdiccional civil.

art. 8 LECR.

INHIBICIÓN ESPONTÁNEA.

Inhibición espontánea Regulación
El Juez o Tribunal que se considere competente deberá promover la competencia.

 

También acordará la inhibición a favor del Juez o Tribunal competente cuando considere que el conocimiento de la causa no le corresponde, aunque sobre ello no haya precedido reclamación de los interesados ni del Ministerio Fiscal.

 

Entretanto no recaiga decisión judicial firme resolviendo definitivamente la cuestión promovida o aceptando la competencia, el Juez de instrucción que acuerde la inhibición a favor de otro de la misma clase seguirá practicando todas las diligencias necesarias para comprobar el delito, averiguar e identificar a los posibles culpables y proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo. A tal efecto, la resolución que inicialmente acuerde la inhibición expresará esta circunstancia, y a ella se acompañará únicamente testimonio de las actuaciones. Dirimida la cuestión o aceptada la competencia por resolución firme, el Secretario judicial remitirá los autos originales y las piezas de convicción al Juez que resulte competente.

 

Los autos que los Jueces municipales o de instrucción dicten inhibiéndose a favor de otro Juez o jurisdicción serán apelables.

 

Contra los de las Audiencias podrá interponerse el recurso de casación.

art. 25 LECR.

 REQUERIMIENTOS DE INHIBICIÓN.

a) Definición. El requerimiento de inhibición supone que que

b) Naturaleza. Las normas sobre competencia territorial son derecho necesario o ius cogens. Esto permite al MF y a las demás partes promover la inhibición.

Respecto al momento procesal de la inhibición,

    Tiempo del requerimiento Regulación
Regla general El MF podrá promover la inhibición…  En cualquier estado de la causa art. 19.4º LECR.
El acusador particular o privado podrá promover la inhibición… antes de formular su primera petición después de personado en la causa art. 19.5º LECR.
El procesado y la parte civil, sea actor o responsable, podrá promover la inhibición… responsable dentro de los 3 días siguientes al en que se le comunique la causa para calificación art. 19.6º LECR.
Regla especial  

En el juicio por delitos leves las partes pueden promover cuestión de competencia

 

Desde desde la citación hasta el acto de la comparecencia

 

art. 19.4º LECR.

 

B) Procedimiento En cuanto al modo de denunciar la falta de competencia por las partes procesales, se abren dos vías: la inhibitoria y la declinatoria que, respectivamente, se plantean ante el órgano jurisdiccional que se reputa debe conocer del asunto, o ante el considerado incompetente que está sustanciando el procedimiento (art. 26).

a) La inhibitoria ante los Juzgados de Instrucción en los juicios por delitos leves se propondrá sin necesidad de intervención de abogado (art. 969). El juez, oyendo al MF, si no la hubiera promovido, resolverá por medio de auto en el plazo de dos días si procede o no el requerimiento de inhibición; estimándolo, lo mandará practicar por medio de oficio, en el que consignarán los fundamentos del auto; si lo denegara podrá recurriese en apelación.

b) La inhibitoria ante el tribunal sentenciador en procesos por delitos graves y menos graves se propondrá por escrito con firma de abogado, expresando que no se ha empleado la declinatoria. El tribunal, después de oír al MF —si no la hubiese propuesto— y a las demás partes que figuren en la causa que se estuviera tramitando ante él, dictará auto mandando librar oficio inhibitorio o declarará no haber lugar a ello (en este caso sólo procederá recurso de casación contra los dictados por las Audiencias, o de apelación contra los dictados por los Juzgados de lo Penal). Con el oficio de inhibición se acompañará testimonio del escrito por el que se propuso la inhibitoria, de lo expuesto por las partes y el MF y de lo demás que el tribunal estime conducente para fundar su competencia (arts. 34 a 36 que, si bien están referidos únicamente a las Audiencias, deben aplicarse a los Juzgados de lo Penal en procesos por delitos menos graves a falta de norma expresa).

c) La declinatoria ante los Juzgados de Instrucción en los juicios por delitos leves habrá de proponerse en la misma forma que la inhibitoria, resolviéndose en el plazo de dos días previa audiencia del MF. El auto por el que se deniegue la inhibición «es apelable en ambos efectos para ante el Juzgado a quien corresponda resolver la competencia» (art. 32). Termina disponiendo este precepto que contra la resolución del Juzgado procederá el recurso de casación. La norma hay que entenderla tomando en cuenta que, suprimida la competencia de los Juzgados de Paz en materia penal, el tribunal competente para resolver la apelación será siempre una Audiencia Provincial.

d) La declinatoria en el procedimiento abreviado se habrá de proponer en el escrito de calificaciones, resolviéndose sobre ella en el comienzo de las sesiones del juicio oral, momento en que las partes podrán exponer lo que estimen oportuno sobre el particular sin posibilidad de recurso, aunque cabe formular protesta y reproducir la cuestión en el recurso frente a la sentencia (art. 786.2).

e) La declinatoria en el proceso común se propondrá y sustanciará como artículo de previo pronunciamiento (arts. 45 y 666.1ª).

f) En la LECrim no aparece regulado el procedimiento para plantear la inhibitoria ni la declinatoria ante los Juzgados de Instrucción en un momento anterior al juicio, por más que se legitime para su promoción al Ministerio Fiscal y al acusador particular (pero no al investigado o encausado ni a la parte civil: art. 19). En la práctica suele utilizarse la vía del artículo 23 de la Ley procesal: reclamar ante el tribunal superior que corresponda, planteando la incompetencia del Juzgado de Instrucción que estuviera conociendo de un sumario o actuando en la fase que precede al juicio oral (STS de 6 marzo 1994), o bien al que esté conociendo de un juicio por delito leve. Sin embargo, este precepto se refiere a la competencia objetiva y funcional, pero no a la territorial.

Cuestiones de competencia.- Las cuestiones de competencia tienen lugar cuando dos órganos jurisdiccionales del mismo tipo pretenden conocer un mismo asunto o rehúsan el conocimiento por entender ambos que no les corresponde. En el primer caso nos encontramos ante una cuestión de competencia positiva; en el segundo ante una cuestión de competencia negativa. Las cuestiones de competencia en el proceso penal, con normas de carácter imperativo, han de ser promovidas mediante una resolución fundada, y es preceptiva siempre la intervención del MF (art. 3.8 EOMF). Las cuestiones de competencia entre órganos de igual clase no afectan al derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley. De todos modos debe tenerse presente que, finalizada la instrucción, toda cuestión de competencia que se promueva suspenderá los procedimientos hasta la decisión de ella (art. 24 LECrim), lo que significa que si la competencia se cuestiona durante la instrucción cada órgano seguirá practicando diligencias (STS de 27 octubre 1994).

Por tanto, de un lado, las cuestiones de competencia tanto pueden suscitarse debido al examen de oficio de la competencia territorial, como a instancia de parte, inhibiéndose cuando entiendan que no les corresponde el conocimiento de las actuaciones o del juicio, o expidiendo un oficio de inhibición para que el tribunal ante el que se esté siguiendo el procedimiento le remita las actuaciones. Por otra parte, sólo surge cuestión de competencia en los casos en que los tribunales entre quienes se plantee no accedan al requerimiento de inhibición recibido, o se nieguen a conocer de las actuaciones que les hubieran sido remitidas. A la vista de las actuaciones remitidas por los órganos judiciales entre quienes se empeñó la cuestión de competencia, y oído de nuevo el MF por un plazo de dos días, el tribunal llamado a resolverla dictará auto dentro de los tres días siguientes, determinando cuál de ellos resulta competente. Contra los autos dictados por los Juzgados de Instrucción y las Audiencias se dará recurso de casación. Contra los pronunciados por el TS no se da recurso alguno (arts. 31 y 43). El tribunal que resuelva la competencia podrá condenar al pago de las costas causadas en la inhibitoria a las partes que la hubiesen sostenido o impugnado con notoria temeridad, determinando en su caso la proporción en que deban pagarlas. De no haber especial condena en costas, se entenderán de oficio las causadas en la competencia (art. 44).

La resolución de las cuestiones de competencia, tanto positivas como negativas, viene atribuida, según se ha dicho, al superior jerárquico común, inmediato o mediato de los tribunales que contienden (arts. 51.1 LOPJ y 20 y 46 LECrim). Así:

  • Las Audiencias Provinciales deciden las cuestiones de competencia suscitadas entre los Juzgados de Instrucción y de lo Penal de la provincia. –
  • A la Sala de lo Penal (y Civil) de los Tribunales Superiores de Justicia corresponde la decisión de las competencias promovidas entre las Audiencias Provinciales de su territorio y, fuera de los casos señalados anteriormente, entre los Juzgados de lo Penal o de Instrucción de su circunscripción territorial.
  • La Sala de lo Penal del TS decidirá las cuestiones de competencia en los demás casos (arts. 20 y 46 LECrim, y 60.1, 73.3.d) y 82.5.a) LOPJ).

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[1] Se aplica con carácter provisional sin prejuzgar al órgano competente.

[2] El Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala II TS de 3 febrero de 2005 se inclinó por la teoría de ubicuidad al considerar que el delito se entiende cometido en todas las jurisdicciones donde se haya realizado algún elemento del tipo penal por lo que la competencia corresponderá en principio al Juez de cualquiera de ellos que primero haya iniciado actuaciones procesales. La jurisprudencia declara los siguientes criterios específicos:  1. Los delitos de amenazas, se entienden cometidos en el lugar donde el sujeto pasivo hubiera tenido conocimiento de las mismas. 2. Los delitos de injurias y calumnias cometidas por medios de comunicación o a través de Internet se entienden cometidos en el lugar de la publicación o en el lugar donde se hubieran introducido en la red de contenidos delictivos. 3. Los delitos de estafa se entienden cometidos en el lugar en que se hubiera producido el desplazamiento patrimonial con independencia del lugar donde se hubiera producido el engaño y el desplazamiento patrimonial con independencia del lugar donde se hubiera producido el engaño y los de apropiación indebida en el lugar donde la posesión inicialmente ilícita se hubiere convertido en ilícita. 4. Los delitos de falsedad documental, se entienden cometidos en el lugar donde el documento falseo se hubiera introducido en el tráfico jurídico. 5. Los delitos de tráfico de drogas se entienden cometidos en el lugar donde se hubieren producido los actos de cultivo, elaboración, tráfico o posesión de la droga. No obstante, tratándose de supuestos de entrega vigilada de drogas, el delito se entiende cometido en el lugar de destino final de la droga. 6. Los delitos de omisión, se entienden cometidos en el lugar donde el sujeto se abstiene de la conducta esperada. 7. Los delitos continuados se entienden cometidos en el lugar de comisión de la última acción integrada en el complejo delictivo.

[3] Por su parte, el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del TS de 31 enero de 2006 declaró que se entenderá por domicilio de la víctima el que tuviera en el momento de la comisión del hecho.

[4] La enumeración del art. 17.2 LECR es numerus clausus.

[5] Debemos traer a colación el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala de lo Penal del TS de 5 de febrero de 1999, en el que se señaló al respecto que: “en los problemas de determinación de la competencia entre el Tribunal del Jurado y la AP en aquellos casos en los que se imputan a una persona dos delitos contra las personas, uno consumado y otro intentado, con el riesgo de romper la continencia de la causa, el enjuiciamiento corresponderá a la AP”.

[6] Debemos traer a colación el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala de lo Penal del TS de 5 de febrero de 1999, en el que se señaló al respecto que: “en los problemas de determinación de la competencia entre el Tribunal del Jurado y la AP en aquellos casos en los que se imputan a una persona dos delitos contra las personas, uno consumado y otro intentado, con el riesgo de romper la continencia de la causa, el enjuiciamiento corresponderá a la AP”.

 

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