Press "Enter" to skip to content

Tema 77 Derecho Civil (completo de Oposiciones Judicaturas).

Tema 77. La perspectiva de género en el derecho de familia. Aplicación
del principio de igualdad entre mujeres y hombres sobre los efectos
personales y patrimoniales del matrimonio. Aplicación del principio de
igualdad entre mujeres y hombres sobre los efectos de la ruptura del
matrimonio o la pareja de hecho. Estudio de los artículos 61 a 69 de la
LO 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género.


Comentario: se añade el tema íntegramente en la modificación del temario de Oposiciones a la Carrera Judicial y Fiscal de 2019.

Fuente: Álvaro Sánchez-Pego, Fiscal y autor del método 12, por Editorial Siglo XXII Legal.

1.LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL DERECHO DE FAMILIA.

Al estudiar el Derecho de Familia, podemos definirlo, siguiendo a FERRARA, como «el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los pertenecientes a la familia, entre sí y respecto de terceros». Comprende: el matrimonio, la filiación, la patria potestad y la tutela1. En la evolución del Derecho de Familia, el enfoque o perspectiva de género ha sido fundamental. Se ha pasado de un sistema preconstitucional, en el que los hijos se distinguían entre legítimos e ilegítimos, y donde la mujer tenía una capacidad de obrar limitada, dependiendo en algunos de sus actos del marido que debía contemplar jurídico a un sistema igualitario. El Derecho de Familia presenta una perspectiva de género al reconocer:

– Capacidad de obrar: la mujer ya no es un sujeto con capacidad de obrar limitada.

Adquiere la plena capacidad de obrar vía art. 12 CE, a los 18 años de edad.

– Nacionalidad: la mujer no pierde automáticamente la nacionalidad española y adquiere la del marido. Ya no existe en nuestro Cc semejante régimen amparado en el principio de la unidad familiar.

– Filiación:

La igualdad de los hijos con independencia del estado civil de la madre, vía art. 39 CE.

La eliminación de distinciones entre hijos legítimos e ilegítimos.

La posibilidad de reconocimiento de paternidad por la legislación.

El reconocimiento del ejercicio de la patria potestad de las madres, en supuestos de separación legal, de hecho, divorcio o nulidad del matrimonio.

Derecho al matrimonio y al divorcio: el matrimonio se configura como un derecho en todos los textos internacionales como el art. 12 CEDH, sin reconocer el derecho al divorcio. De igual manera tampoco reconoce el art. 39 CE el derecho al divorcio, remitiéndose a una futura ley. Sin embargo, se podría entender que sí existe un derecho al divorcio, derecho de configuración legal, otorgado por la Ley 30/1981, que da una nueva redacción al Código Civil.

-Violencia de género. El reconocimiento y protección de las víctimas de violencia de género, y la adopción de medidas administrativas y judiciales para su protección tanto de Derecho Civil, Procesal y Penal. Específicamente nos referimos aquí a la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género y la LO 3/2007

2.APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES SOBRE LOS EFECTOS PERSONALES Y PATRIMONIALES DEL MATRIMONIO

El matrimonio cualquiera que sea la forma de su celebración, produce una serie de efectos personales y patrimoniales: en el Libro I del Cc (artículos 66 a 71) en cuanto a los efectos personales del matrimonio, y el Libro IV del Cc (arts. 1315 y siguientes) en cuanto a los patrimoniales. Todos estos efectos están embebidos por el principio de igualdad.

a) Efectos personales. El Cc en su versión originaria, regulaba esta materia inspirándose en los principios de autoridad marital y limitación de la capacidad de la mujer, lo cual suponía un trato discriminatorio para ésta. Estos principios fueron superados por las sucesivas reformas del Cc y por la CE a través de principios como:

Art. 14 CE: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Art. 32 CE: El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley regulará las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.

Están regulados de los arts. 66 a 71 Cc bajo la rúbrica «De los derechos y deberes de los cónyuges». Comprenden los siguientes supuestos:

  • Los cónyuges son iguales en derechos y deberes (art. 66 Cc).
  • Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia (art. 67 Cc).
  • Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán, además, compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo (art. 68 Cc).
  • Se presume, salvo prueba en contrario, que los cónyuges viven juntos (art. 69 Cc).
  • Los cónyuges fijarán de común acuerdo el domicilio conyugal y, en caso de discrepancia, resolverá el Juez, teniendo en cuenta el interés de la familia (art. 70 Cc).
  • Ninguno de los cónyuges puede atribuirse la representación del otro sin que le hubiere sido conferida (art. 71 Cc).

b) Efectos patrimoniales.

Los efectos patrimoniales se encuentran embebidos del principio de igualdad, y especialmente en relación con el régimen económico matrimonial.

El régimen económico de sociedad de gananciales tiene su explicación en la Exposición de Motivos de la reforma del Cc de 11 de mayo de 1991 cuando señala que la mujer generalmente consigue menos ingresos, y por ello se instaura salvo capitulaciones matrimoniales el régimen de la sociedad de gananciales. Es por ello, que la gestión del consorcio conyugal es conjunta y, por tanto, las deudas, para obligar a los bienes comunes, deberán contraerse por ambos cónyuges. Pero esto, paralizaría el funcionamiento del consorcio, por lo que la Ley introduce en esta regla importantes excepciones.

  • La sociedad de gananciales responde “en todo caso”, en los supuestos de los arts. 1367 y 1369 Cc.
  • La sociedad de gananciales responde por la actuación de uno sólo de los cónyuges, en los siguientes supuestos del art. 1365 Cc, 1366 Cc y 1388 Cc.
  • La libertad de pactos queda a salvo con la posibilidad de establecer otro régimen económico matrimonial mediante capitulaciones matrimoniales.
  • El reconocimiento de igualdad ante la ley sin discriminación por razón de sexo ha supuesto la regla del art. 1458 Cc que dispone que: “los cónyuges podrán venderse bienes recíprocamente”.

3. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES SOBRE LOS EFECTOS DE LA RUPTURA DEL MATRIMONIO O LA PAREJA DE HECHO.

En cuanto a la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres sobre los efectos de la ruptura del matrimonio o la pareja de hecho, de forma previa a entender la diferencia debemos:

Definir uniones de hecho. Definir como «aquellos enlaces privados entre personas que viven en una estable y duradera comunidad de existencia y que se comportan ante las gentes como propio y verdadero matrimonio. Son tres los requisitos básicos: a) convivencia “more uxorio”, estable y duradera; b) relación monogámica y c) cumplimiento voluntario de los deberes del matrimonio.

Delimitar su naturaleza jurídica, pues a efectos legales el matrimonio no produce los mismos efectos legales que la pareja de hecho. El TC en sentencias como la 184/1990 entre otras ha señalado que el matrimonio y las uniones de hecho no son realidades constitucionalmente equiparables, ya que el matrimonio es un derecho constitucional y la unión de hecho no está reconocida en la CE. En la práctica esto supone que ha de ser el legislador quién determine en la situación que han de encontrarse las parejas de hecho. En esta línea el legislador de la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos, ha asimilado la relación matrimonial con las relaciones análogas de afectividad (donde podrían incluirse las parejas homosexuales). También muchas Comunidades Autónomas están legislando sobre parejas estables de hecho, aunque muchas de ellas han sido declaradas inconstitucionales por carecer de competencia las Comunidades Autónomas para dictarlas en cuanto a sus efectos civiles. La aplicación del principio de igualdad supone las siguientes consecuencias jurídicas.

De aquí se derivan las diferencias en la ruptura del matrimonio y la pareja de hecho, que son las siguientes: (descarga aquí el tema completo).

Diferencias:

En cuanto a la disolución, en el matrimonio: se reconoce la separación legal y de hecho. Disuelve el matrimonio el divorcio y la muerte del otro cónyuge. Si el matrimonio es canónico quedará sometido además a las reglas de Derecho Canónico para proceder a su disolución. En caso de fallecimiento, el cónyuge supérstite se convierte en usufructuario, sin perjuicio de si es aplicable el Derecho Común o Derechos forales. Respecto a las parejas de hecho, no se reconoce separación legal y dehecho de la pareja de hecho. Se disuelve mediante la firma de su disolución en el registro correspondiente. En caso de fallecimiento, la pareja supérstite no se convierte en usufructuario. No tiene posición legal de heredero, salvo que así lo haya señalado en testamento. No obstante, la LAU de 1994 permite la subrogación –con independencia de la orientación sexual de la pareja–en el contrato de arrendamiento de vivienda del fallecido. El TS exige la siguiente precisión para el cobro de la pensión de viudedad (resumen):

– Es imprescindible formalizar la pareja de hecho a efectos del reconocimiento del derecho de la pensión de viudedad. La voluntad de la ley es limitar la atribución de la pensión a las parejas de hecho regularizadas. La existencia de la pareja de hecho ha de acreditarse, bien a través de la inscripción en el registro específico, bien mediante documento público en el que se haga constar la constitución de la pareja. Los elementos de acreditación de la constitución de la pareja deben ser los que establece expresamente la Ley General de la Seguridad Social.

-Se exige la convivencia de la pareja durante un mínimo de cinco años.

– La pareja se debe haber constituido como tal ante el Derecho y tener una relación análoga a la conyugal, como mínimo, con dos años de antelación al fallecimiento de uno de los miembros de la pareja.

– La pensión de viudedad que la norma establece no es en favor de todas las parejas de hecho con cinco años de convivencia acreditada, sino en exclusivo beneficio de las parejas de hecho registradas cuando menos dos años antes (o que han formalizado su relación ante Notario en iguales términos temporales) y que asimismo cumplan aquel requisito convivencial; lo que ha llevado a afirmar que la titularidad del derecho únicamente corresponde a las parejas de derecho y no a las genuinas parejas de hecho.

En cuanto al régimen económico matrimonial, el matrimonio crea por defecto un régimen económico, que en el Derecho común es la sociedad de gananciales, en defecto de capitulaciones matrimoniales. Las parejas de hecho solo crean un régimen económico matrimonial si así lo deciden en pactos previos al respecto. El proceso para determinar las pensiones compensatorias y la disolución del REM elegido dependerá de los pactos y de la legislación autonómica.

4. ESTUDIO DE LOS ARTS. 61 A 69 DE LA LO 1/2004 DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

En el presente epígrafe vamos a exponer los artículos 61 a 69 de la LO 1/2004 que se centran en las medidas de protección y seguridad que el Juez debe o podría adoptar respecto a las víctimas de violencia de género.

LO 1/2004 medidas de protección y seguridad

¿Quieres acceder al tema en formato pdf? Descarga aquí.

¿Quiero el tema 78? Más información.

Be First to Comment

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *