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Tema 1 Derecho Constitucional (gratis)

Tema 1. La Constitución de 1978: estructura y caracteres. Los valores superiores y principios constitucionales. La Constitución y el sistema de fuentes. Los tratados internacionales y su posición en el sistema de fuentes. La reforma constitucional.

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    Recomendación para el estudio: Arts. 1.1*; 1.3*; 9.2*; 14*; 117.1;6*; 9.1*; 9.3*; 2*; 93 a 96 CE. Art. 5.1. LOPJ. Arts. 2.1; 2.3; 6.1 Cc.

  1. LA CONSTITUCIÓN DE 1978: ESTRUCTURA Y CARACTERES.

1.1. LA CONSTITUCIÓN DE 1978. La Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 es norma suprema del ordenamiento jurídico que organiza y racionaliza el aparato institucional del poder y lo limita, en forma de garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos. Tiene tres caracteres básicos al igual que toda Constitución: formación democrática, carácter solemne y tiene la finalidad de ser tutela real y efectiva de la libertad.

 

1.2. ESTRUCTURA. La CE tiene 169 artículos, 4 DA, 9 DT, 1 DD y 1 DF. Tiene un Título Preliminar y 10 Títulos. Estos Títulos tienen las siguientes rúbricas:

  1. “De los derechos y deberes fundamentales”.
  2. “De la Corona”.
  3. “De las Cortes Generales”.
  4. “Del Gobierno y de la Administración”.
  5. “De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales”.
  6. “Del Poder Judicial”.
  7. “Economía y Hacienda”.
  8. “De la organización territorial del Estado”.
  9. “Del Tribunal Constitucional”.
  10. “De la reforma constitucional”.

1.3. CARACTERES.

  1. Es una Constitución democrática según el art. 1.1 primer inciso.
  2. Es una Constitución monárquica según el art. 1.3 CE: La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
  3. Es una Constitución escrita, a diferencia del carácter principalmente consuetudinario del sistema inglés.
  4. Es una Constitución extensa pues su regulación es prolija.
  5. Es una Constitución rígida, pues su sistema de reforma exige amplias mayorías, según los arts. 167 y 168 CE.

De hecho, solo dos artículos han sido reformados. Concretamente el art. 13.2 CE para añadir el derecho de sufragio de los extranjeros en las elecciones locales y el art. 135 CE, que sustituyó el artículo íntegramente, a fin de lograr la estabilidad presupuestaria.

  1. Es una Constitución consensuada o integradora. Afirma PECES BARBA que el consenso es heredera moderna de la idea del contrato social. En consecuencia, sus críticos entienden que se trata de una Constitución inacabada o que tiene enunciados vacíos. Hecho que, sin embargo, permite dar cobertura a opciones políticas de distinto signo.
  2. Es una Constitución normativa, pues es fuente de derecho según el art. 5.1 LOPJ.
  3. Es una Constitución derivada, pues su origen es múltiple.

2.LOS VALORES SUPERIORES Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES.

2.1. LOS VALORES SUPERIORES.

a) Definición: El art. 1.1 CE dispone que: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. En consecuencia, son los objetivos máximos o los ideales que el Estado propugna para que sean realizados en el ordenamiento jurídico.

b) Eficacia: el TC entiende que tienen eficacia interpretativa y establecen un marco de referencia para el enjuiciamiento de la constitucionalidad cuando la Constitución no contiene una regulación material o deja en libertad al legislador.

c) Enumeración valores:

c.1. La libertad: el art. 9.2 CE dispone que: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

c.2. La justicia: el artículo 117.1 CE dispone que: La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

 

c.3. La igualdad. Dos son las esferas: a) Igualdad material del art.9.2 CE ya mencionado; y b) Igualdad ante la ley: el art. 14 CE dispone que: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

c.4. El pluralismo jurídico: el art. 6 CE dispone que:

  • Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política.
  • Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley.
  • Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Asimismo, tendríamos que traer a colación aquí, en relación directa con este precepto, el art. 23 CE relativo al derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos directamente, o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

2.2. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES.

Definición. Son instrumentos fundamentales de los valores superiores del ordenamiento. Son más concretos que los valores superiores.

Eficacia: El TC entiende que tienen eficacia interpretativa y directa.

Regulación. El art. 9.3 CE dispone que: La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. En este sentido, el TC ha declarado que estos principios no son compartimentos estancos. Cada uno de ellos cobra valor en función de los demás. Cada uno sirve para promover los valores superiores del ordenamiento jurídico que propugna el Estado social y democrático de Derecho.

Enumeración.

  • Principio de legalidad, conforme al art. 9.1 CE: Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
  • Principio de jerarquía normativa, conforme al art. 5 LOPJ.
  • Principio de publicidad de las normas, conforme al art. 2.1 Cc: Las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el BOE, si en ellas no se dispone otra cosa y también se debe relacionar con el art. 6.1 Cc: La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. El error de derecho producirá únicamente aquellos efectos que las leyes determinen.
  • Principio de irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, conforme el art. 2.3 Cc, que dispone que: Las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario.
  • Principio de seguridad jurídica. Consiste en producir certeza y confianza al ciudadano sobre lo que es derecho en cada momento. El TC entiende este principio como una suma equilibrada de principios que permite promover en el orden jurídico la justicia y la igualdad en libertad.
  • Principio de responsabilidad de los poderes públicos. Es considerado como una consecuencia natural de los principios de legalidad y de interdicción de la arbitrariedad. Esta responsabilidad puede ser de naturaleza sancionadora o compensatoria (arts. 106.2 y 121 CE).
  • Principio de interdicción de la arbitrariedad. Esto es, conductas arbitrarias no adecuadas a la legalidad, desproporcionadas al fin lícito o que persigan un fin ilícito.

Otros principios no incluidos en el art. 9.3 CE: Tienen por objeto la organización política:  el Estado social y democrático de derecho del art. 1.1. CE, y la monarquía parlamentaria del art. 1.3 CE, ya mencionados; y el Estado autonómico del art. 2 CE a cuyo tenor: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

  1. LA CONSTITUCIÓN Y EL SISTEMA DE FUENTES.

El art. 5.1 LOPJ dispone que: La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos.

Desde el punto de vista jerárquico, la relación normativa es: Constitución, ley, y reglamentos.

Tres cuestiones básicas:

  • La Constitución opera como lex superior pero también como lex posterior. De hecho, cuando los tribunales consideren que las normas preconstitucionales son contrarias a la Constitución podrán plantear cuestión de inconstitucionalidad o bien inaplicar la ley conforme a la Disposición Derogatoria 1: “Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la presente Constitución”.
  • La Constitución tiene una relación de supremacía respecto al resto de fuentes del derecho. Sin perjuicio de que este principio de supremacía es compatible con el principio de primacía del DUE, según la Declaración 1/2004 del TC.
  • La cuestión prejudicial prevalece sobre la cuestión de inconstitucionalidad si en el mismo supuesto el Juez o Tribunal tiene dudas sobre ambos. Una vez que resuelva el TJUE, si el Juez o Tribunal siguiera teniendo dudas de constitucionalidad podrá elevar cuestión de inconstitucionalidad según doctrina constitucional y el asunto Melki del TJUE[1].
  1. LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y SU POSICIÓN EN EL SISTEMA DE FUENTES.

Conforme al art. 2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. Los tratados internacionales son acuerdos escrito entre España y otros sujetos de DI, con independencia de su denominación y de si consta en instrumento único o en varios instrumentos conexos. Se rige por DI. Este artículo restringe el concepto de tratado únicamente a los acuerdos escritos, pero debemos considerar que la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados, entiende tratado como acuerdo entre los Estados sea o no escrito.

Regulado de los arts. 93 a 96 CE.

Respecto a la cesión de competencias, el art. 93 CE dispone que: Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución.

Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

Respecto a las formalidades exigidas a los tratados internacionales, el art. 94 CE dispone que:

1.La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos:

a) Tratados de carácter político.

b) Tratados o convenios de carácter militar.

c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I.

d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.

e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.

2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios.

Respecto al efecto de los tratados contrarios a la CE, el art. 95 CE dispone que:

  1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional.
  2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.

Respecto a los efectos de los tratados, el art. 96 CE dispone que:

  1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.
  2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.

Precepto análogo al art. 1.5 Cc: Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el «Boletín Oficial del Estado.

Por último, como especialidad en materia de derechos humanos afirma el art.10.2 CE: Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la DUDH y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

 

  1. LA REFORMA CONSTITUCIONAL. Regulado en el Título X, bajo la rúbrica «De la reforma constitucional» de los arts. 166 a 169 CE.

Respecto a la iniciativa legislativa, el art. 166 CE dispone que:

La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del art. 87.

Respecto a los procedimientos, el art. 167 CE se refiere al procedimiento simplificado y el art. 168 CE al procedimiento agravado. Vamos a exponer primero el procedimiento simplificado. El art. 167 CE dispone que:

  1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de 3/5 (tres quintos) de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.
  2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de 2/3 (dos tercios), podrá aprobar la reforma.
  3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, una 1/10 (décima) parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

En cuanto al procedimiento agravado, el art. 168 CE dispone que:

  1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Titulo preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de 2/3 (dos tercios) de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.
  2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de 2/3 (dos tercios) de ambas Cámaras.
  3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

Asimismo, el art. 169 CE indica limitaciones en la reforma constitucional, al disponer que:

No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116.

Esto es, estados de alarma, excepción y sitio, que se regulan en el art. 116 CE y se desarrolla por la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

Por último, no podemos dejar de exponer que nuestra CE ha sido objeto de dos reformas constitucionales, ambas debidas al Derecho de la Unión Europea:

  • 13.2 CE, sobre el derecho de sufragio activo y pasivo para nacionales de EM de la UE para las elecciones locales (reforma en 1992).
  • 135 CE, sobre la estabilidad presupuestaria (reforma en 2011).

Resumen Tema 1.

La Constitución Española de 1978: estructura y caracteres

  • Definición.
  • Estructura (169 artículos, 4 DA, 9 DT, 1 DD y 1 DF).
  • Caracteres (democrática, monárquica, escrita, extensa, rígida, consensuada o integradora, normativa o derivada).

Los valores superiores.

  • Definición.
  • Eficacia (169 artículos, 4 DA, 9 DT, 1 DD y 1 DF).
  • Enumeración (libertad –art.9.2 CE–, justicia –art. 117.1 CE–, igualdad –art.9.2 CE y 14 CE–).
  • Pluralismo jurídico (–art.6 CE–)

Los principios constitucionales.

  • Definición.
  • Enumeración: 9.3 CE y otros.
    • Principio de legalidad.
    • Principio de jerarquía normativa.
    • Principio de publicidad normas.
    • Principio de irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
    • Principio de seguridad jurídica.
    • Principio de responsabilidad de los poderes públicos.
    • Principio de interdicción de la arbitrariedad.

La Constitución y el sistema de fuentes. Art. 5.1. LOPJ.

Los tratados internacionales y su posición en el sistema de fuentes. Arts. 93 a 96 CE.

La reforma constitucional. Arts. 168 a 169 CE.

[1] Realmente es el TC el que ha puesto fin a las dudas que dejaba el asunto Melki ante el TJUE. Ver tema 26. Epígrafe cuestión prejudicial.

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